Organizaciones no gubernamentales rechazan disolución de la UNE

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Diversas organizaciones de la sociedad civil rechazaron ayer (22/08/2016) la arbitraria disolución de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Los representantes de varias organizaciones respaldaron al gremio, que anunció que continuará con su defensa legal nacional, así como con sus acciones a escala internacional para denunciar el atropello a la libertad de asociación en el Ecuador.

Luis Verdesoto, presidente de la Plataforma de Derechos Humanos y Democracia, expresó su preocupación por la UNE en representación algunas organizaciones que la conforman. La Plataforma expidió esta mañana un comunicado rechazando esta grave violación a la libertad de asociación de los ecuatorianos. El caso de la UNE, según dijo Verdesoto en rueda de prensa, es un abierta retaliación a la participación del gremio en el Examen de Ecuador ante el Comité de DDHH de la ONU, en junio pasado.

Afirmó que este caso es el resultado de la vigencia de los Decretos Ejecutivos 16 y 739 que establecen parámetros antidemocráticos. “La UNE participó en los informes sombra para Ginebra y como producto de esta interacción y los expertos mundiales, el Comité sostuvo que en el Ecuador se utiliza legislación que contienen disposiciones amplias y ambiguas que pueden afectar a las organizaciones”.

Agregó que este caso evidencia una forma de restar toda forma organizativa de la sociedad civil, de neutralizar las formas históricas de organización social y de debilitar los mecanismos de representación política. “Estamos ante un Estado transgresor de derechos”, añadió Verdesoto.

Rossana Palacios, presidenta de la UNE, dijo que hay figuras dentro de la ley a las que van a acudir como un pedido aclaratorio. Contó que recibieron dos documentos el mismo 18 de agosto y que van estudiar una posible acción de prevaricato. “Es una acción política. Es evidente la violación para acallar las voces que cuestionan el accionar (del Gobierno) en la educación”.

César Ricaurte, director de Fundamedios, informó que el caso ha sido conocido por el Alto Comisionado de DDHH de la ONU en Ginebra y que en las próximas horas esta instancia emitirá un comunicado. Asimismo dentro de las acciones tras la visita al Comité en junio pasado, está prevista la visita de una delegación de expertos al Ecuador. Recordó además que la UNE ha pedido medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Se ha puesto en conocimiento de los organismos internacionales este caso que consiste es la extinción jurídica de una organización, lo que equivale a su muerte y asesinato jurídico”.

Pablo de la Vega, director de la Plataforma Interamericana de DDHH (Pidhdd), señaló que ante la indefensión, las organizaciones sociales se han visto en la necesidad de recurrir a organismos internacionales. Lamentó que el Gobierno no haya dado su beneplácito, desde hace cuatro años, a la visita del relator Especial de Libertad de Asociación, Maina Kiai, al Ecuador. “Hacemos un exhorto para que la Cancillería reitere la invitación abierta y permanente que tiene a los mecanismos internacionales y particularmente a este jurista (relator)”. También cuestionó que las autoridades insistan en invocar a normas de carácter secundario en lugar de los tratados internacionales de los que Ecuador es suscriptor.

Artículo tomado de Fundamedios.

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