Dentro del proceso de veedurías del CPCCS, que se encargarán de vigilar los procesos de selección de autoridades, se cuenta con  un total de 979 ciudadanos entre hombres y mujeres, la mayoría de ellos, se han postulado de forma individual, es decir no pertenecen a ninguna organización social ni movimiento político.

De las pocas organizaciones sociales para participar en veedurías son: Federación Unionista de Trabajadores de la Educación, (FUTE) de Ambato, Comunicadores Sociales y Estudiantes Universitarios, de Quevedo, Asociación de Trabajadores Agricolas, de Guayas, Asociación de Consumidores y Usuarios de Pichincha, de Quito, Asociación Veintiocho de Febrero, de Santo Domingo de los Tsáchilas, Corporación de Conformación y Desarrollo Liderazgo Microempresarial, de Guayas, entre otras.

Organizaciones sociales como la CONAIE, no han participado en la convocatoria para la conformación de veedurías, ni participarán para la integración de Comisiones Ciudadanas, así lo confirmó el vicepresidente de la entidad Miguel Guatemal, quien aseguró además que no tienen planificado intervenir en dichos procesos.

Por otro lado, por medio de una carta de solicitud, la Corporación Participación Ciudadana, ha sugerido al CPPCS que más allá de las convocatorias y anuncios formales que se llevarán a cabo en los distintos concursos y fases para designación de autoridades de control “se difunda a la ciudadanía, de manera amplia, suficiente y sostenida, todos los derechos que los ciudadanos tienen antes y durante el desarrollo de los procesos públicos de selección de autoridades”, esto con la finalidad de que amplie la difusión y exista mayor participación de la sociedad civil y organizaciones sociales.

En la carta de solicitud, de la Corporación Participación Ciudadana, se demanda la actualización de  los contenidos y textos de los diferentes reglamentos que regirán para los concursos, además de informar sobre cómo se desarrolla el concurso en sus distintas fases. Se sugiere finalmente,  que se suba a la Web institucional, escaneado, las hojas de vida y los principales certificados y documentos de respaldo que los postulantes que conforman las veedurías y Comisiones Ciudadanas.

Frente a esto, de acuerdo a la planificación del Consejo, entre el 20 septiembre y 30 de noviembre de este año, se llevará a cabo una campaña de comunicación que informará a la ciudadanía sobre las principales funciones del CPCCS y sus convocatorias, para lo cual designó un  presupuesto de USD 303.000.  

Su discapacidad no es un impedimento. Es mesero de un restaurante de Tumbaco que tiene la particularidad de funcionar como una a cueva a oscuras. Ahí, él y sus amigos meseros son los únicos que conocen el espacio, por lo que guían a la clientela para sentarse y comer.

“Nosotros manejamos una memoria casi fotográfica creada por medio de imágenes acústicas; conocemos un espacio y sabemos como funciona” cuenta a la clientela. Sin embargo conocer el espacio no es suficiente para poder movilizarse en Quito.

“A veces estoy caminando por algún lugar, y de la noche a la mañana hay tubos delgados para templar cadenas en parqueaderos, o muros de unos 30 centímetros que el bastón no detecta”, señala Miranda.

Otro problema son las rampas inclinadas que existen en la ciudad o los semáforos o postes de luz en mitad de las aceras.

Según el arquitecto Fabián Guerrón, la obra se está realizando pero existe un problema de socialización, es decir, no se informa de los cambios o reformas que se están efectuando.

“El problema es que es un proceso que se está llevando a cabo y hay mucha gente que lo conoce y que lo desconoce. Inclusive los mismos profesionales no están al tanto de las medidas”, dijo Guerrón.

El Concejo Nacional de Discapacidades Conadis, junto con los municipios de las distintas ciudades del país, exigen varias normas a nivel urbano, entre ellas rampas, tratamiento de texturas entre acera y calle, señalización horizontal y vertical y semáforos con sonido.

Sin embargo, para Wilmer Miranda existe una discordancia en los intentos de crear ciudades amigables. “Por ejemplo, entre la Colón y la Patria la vereda está al mismo nivel que la calle, para un no vidente eso es una ciudad peligrosa”.

Guerrón explica que en ese lugar existe un tratamiento de textura entre vereda y calle, sin embargo para Wilmer, ese cambio es casi imperceptible.

“En mi visión personal, no como funcionario del Conadis sino como arquitecto, yo creo que para que el Ecuador tenga ciudades amigables deben transcurrir unos 10 años” dijo Guerrón.

Para Wilmer, contar con la voz de los actores es más económico para los municipios. “Que nos escuchen cuando se vaya  a hacer una planificación de un barrio, vereda y no sólo al Conadis, sino a la gente que vivimos el día a día en las calle”.

Los casos Fybeca, Terranova y Damián Peña Bonilla, considerados como atentatorios a los Derechos humanos, serán investigados y se espera aclarar los actos en un plazo de dos meses. 

El Ministro Jalkh manifestó que su reapertura responde a una condición profunda democrática sobre derechos Humanos, y en la que la Policía Nacional colaborará facilitando los archivos. 

El anuncio lo realizó en el evento oficial denominado "Contra la Impunidad y por la Verdad", que tuvo lugar este martes en las instalaciones del Regimiento Quito N. 2, (Montufar S/N y Manabí). 

Según dijo, el objetivo es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, el compromiso irrenunciable de servicio y seguridad ciudadana; y, con el fin de construir un Ecuador nuevo, solidario y de manos limpias. 

Además se entregó un documento que incluye las recomendaciones en materia de restitución y de no repetición, realizados por la Comisión de La Verdad, dentro del proyecto de reformas estructurales para la Policía Nacional. 

Por esta razón, el Ministro del Interior apalaudio y reconoció la presencia de los afectados en los tres casos: Sras. María Dolores Guerra, Dolores Vélez y Dolores Briones; Sr. Alexander Cadena Polanco; y; Sonia Lucía Bonilla Brazales, y otros. 

Jalkh también se refirió a la disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores de solicitar visa a los ciudadanos de Asia y Africa, según dijo, ésta decisión tiene como propósito fortalecer las medidas internacionales en contra del tráfico ilícito de personas.

"Presentamos al Presidente de la República un análisis sobre los flujos migratorios y la relación que podrían tener con el tema de tráfico de personas, es un tema que venimos realizando desde hace varios meses", puntualizó.