Alfredo Palacio es investigado por presuntas irregularidades, mientras su abogado asegura que es víctima de persecución política
Categoría: Judicial
Por: Verónica Villaruel
Así lo asegura, Enrique Echeverría, abogado del ex Presidente de la República quien insistió en que un enjuiciamiento deberá contar con la autorización previa del Parlamento.
El ex presidente de la República, Alfredo Palacio González, no incluyó todas las propiedades y acciones que posee en Estados Unidos en su declaración de bienes.
El faltante fue detectado por la Contraloría en el examen especial DA1-0037-2008, que estableció indicios de responsabilidad penal en su contra, por supuestos delitos de perjurio y enriquecimiento ilícito.
No obstante, para el abogado del ex Mandatario los informes de la declaración de bienes son claros, por lo que atribuye las acusaciones de enriquecimiento ilícito a una supuesta “persecución de políticos”.
Sin embargo, según una investigación de diario El Comercio, según el informe de auditoría, el ex presidente Palacio no registró las capitulaciones matrimoniales en la declaración patrimonial de 19 de enero de 2007. Tampoco incluyó la cuenta corriente 523950-8 del Banco del Pacífico a nombre de su esposa.
En la última declaración de bienes, el ex Mandatario tampoco declaró en cuentas por cobrar a su favor dos rubros: por USD 280 000, a la firma Iesc Corp USA; y por USD 55 000, a la compañía Born 2 Learn. En estos casos “no se evidenció con la documentación suficiente y competente la naturaleza, origen y legitimidad de estos derechos a favor del ex mandatario.
A nombre de esta firma la familia Palacio-Paret adquirió en el año 2000 una propiedad en USD 262 500 para una escuela. El bien fue refinanciado en febrero del 2005 por USD 622 000, y en el 2007 por USD 1 800 000.
El ex Presidente aseguró que ya no tenía ninguna participación en esa firma, pues cedió sus acciones en las capitulaciones matrimoniales a María Paret. Pese a que eran parte del patrimonio matrimonial-señala la Contraloría- ninguna de operaciones fue revelada en la declaración patrimonial de enero del 2007.
Por último, al inicio de su gestión, el ex presidente declaró una inversión en el Banco Unió Planter-Miami, por USD 26 164. No obstante, hasta el 21 de julio del 2008 no entregó a la Contraloría la documentación que permita confirmar esa operación.
De su lado, el abogado Enrique Echeverría señaló que las pruebas de descargo las presentó en copias unos diez días atrás a la Contraloría y después le entregó los documentos originales.
De todas maneras insistió que para enjuiciar al ex Mandatario debe contar, según la Constitución en vigencia, se debe contar con la previa autorización del Congreso Nacional.
Así lo asegura, Enrique Echeverría, abogado del ex Presidente de la República quien insistió en que un enjuiciamiento deberá contar con la autorización previa del Parlamento.
La ex Prefecta de Orellana se considera una presa política víctima del Régimen, por lo que no descarta iniciar acciones legales ante organismos internacionales.
La ex prefecta de Orellana no define su futuro político, esto lo dará a conocer en los próximos días luego de reunirse con su familia. A su salida de la cárcel fue custodiada por la Policía Nacional.
No aceptan participar en el sorteo para conformar la Corte Nacional de Justicia y advierten que de aprobarse la nueva Constitución con el régimen de transición se producirá un vació legal.
Tras los cuestionamientos de la CSJ al mecanismo de sorteo para conformar la nueva Corte Nacional de Justicia, el titular de la Asamblea Constituyente mantiene un acercamiento con los magistrados.
Para Patricio Pazmiño una alternativa prudente sería que los 21 puestos transitorios de la CNJ sean ocupados por quienes siguen en el orden de los 31 jueces designados con el concurso anterior.
Los 28 magistrados de la CSJ no aceptan someterse a un sorteo para la nueva Corte Nacional de Justicia. Ante ello, un ex asambleísta propone una alternativa para reestructurar la Función Judicial.
La indagación se realizó de acuerdo al Art. 215 del código de procedimiento penal. El Fiscal Luís Henríquez de la Unidad de Delitos Financieros de Pichincha pidió la detención del directorJurídico, Daniel Bernal.
El cuerpo jurista de la universidad y la defensa de los estudiantes imputados por el Gobierno, solicitan reconstruir los hechos y no sólo la inspección del sitio donde se produjo el incidente.
Las noticias, reportajes, crónicas, videos y fotos de este periódico electrónico pueden ser usadas para otras publicaciones siempre y cuando se mencione la fuente: www.ciudadaniainformada.com
Manuel Abascal N38 -29 y Portete Quito - Ecuador PBX: 2466003 ext 123 · Fax: 2466003 ext 146