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09/07/2008 17:31 Antiguedad: 95 days
La incautación fue una jugada “maestra” para asegurar un proyecto político en aprietos
Categoría: Análisis, Politica
Por: Pablo Villacís
Sorpresiva fue la decisión del Gobierno, a través de la Agencia de Garantía Depósitos (AGD), de intervenir en los canales TCtelevisión, Gamavisión y Cablevisión y 192 empresas ligadas al grupo Isaías.
 Una decisón polémica: la incautación de los bienes al grupo Isaías está en el debate. ¿Se violó o no la libertad a la expresión? Es una pregunta que está en debate en el país a propósito de la incautación a los tres canales TCTelevisión, Gamavisión y Cablevisión, relacionados la familia Isaías, acusados de adeudar al Estado 661 millones de dólares tras la grave crisis por la quiebra bancaria de 1999.
Muchos periodistas, al interior de los canales intervenidos, creen que evidentemente sí se afectó este derecho por la forma “violenta” como se realizó el allanamiento a los canales con un espectacular operativo policial. Esta garantía, para estas personas, continuará en entredicho porque simplemente el Estado manejará los contenidos por un tiempo indeterminado, violentando ese principio constitucional.
Otras voces consideran que no es así, que la libertad de expresión, tan valorada por los periodistas y los medios de comunicación está a salvo.
Más allá de esas posiciones, lo que sí sucederá es que, con seguridad, aparecerán límites a la difusión de las ideas opositoras a los contenidos de la nueva Constitución en los tres canales incautados, ya que en los espacios noticiosos, esas ideas tenían una envidiable tribuna.
Lo que hizo el Gobierno a través de la AGD, con la inesperada y sorpresiva intervención en los canales del “vuelto” y las restantes 192 empresas ligadas al grupo Isaías, fue una jugada maestra: el Presidente Correa “levantó” dos fichas para avanzar en su intento de asegurar su proyecto político representado por la nueva Constitución.
El Presidente Correa ha dicho que no fue una decisión política destinada a propiciar el apoyo al “sí” en el esperado referéndum aprobatorio de septiembre, sino que más bien que fue algo necesario tras 10 años de prorrogas y, que además, la decisión fue tomada en “estricto apego a la Ley”.
Existen muchas coincidencias que abren sospechas en la polémica incautación: se da a pocos días del inicio de la campaña electoral para el referéndum aprobatorio de la Carta Magna, justo cuando los niveles de aceptación al trabajo de la Asamblea está bajando, y ocurre tras una larga sesión en el palacio de Gobierno que le costó el puesto del Ministro de Finanzas. Fausto Ortiz se fue, aparentemente por estar en desacuerdo con la confiscación y dio paso a la posesión de Wilma Salgado, quien anteriormente estuvo al frente de la AGD y no tomó la decisión de intervenir.
No cabe duda que la mayoría de ecuatorianos demandaban a los gobiernos que los banqueros causantes de una crisis bancaria sin precedentes, que generó la separación de miles de familias por la “migración forzada y otros serios problemas sociales, tenían que pagar sus cuentas e ir a la cárcel por haber llevado a la quiebra al sistema, los ciudadanos demandaban el fin de la impunidad tras casi 10 años de espera y amargura.
Entonces, no hay que confundir un cobro de cuentas pendientes a una familia acusada de malos manejos en el sistema bancario y morosa con el Estado, con abusos a la libertad de expresión. Estos tres medios de comunicación son parte de un grupo de bienes que ahora respaldan una deuda que no pudo ser cobrada a tiempo.
Es necesario que el país vigile estas incautaciones, a fin de que las mismas no se conviertan en la excusa para el inicio de una campaña oficial con miras al referéndum. Está en manos de la ciudadanía observar que la administración temporal termine en el menor tiempo posible para que los canales, al igual que el resto de bienes incautados, pasen a manos privadas y finalmente, que el Estado pueda recuperar parte de los dineros de los ecuatorianos: eso es lo que finalmente importa.
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