09/10/2011 21:35 Antiguedad: 226 days
Dura ley migratoria de Alabama ahuyenta trabajadores y niños de las escuelas
Categoría: Ciudadania, Migrantes
Los padres y estudiantes tienen temor de salir a las calles, ante una posible detención, por su irregularidad migratoria.
Los migrantes protestaron en contra de la aprobación de la normativa. Foto: Yvke
Unos 2.000 niños han dejado de ir a las escuelas públicas de Alabama desde que entró en vigencia la semana pasada en ese estado la más dura ley migratoria de Estados Unidos, que está ahuyentando a trabajadores sin papeles que temen ser deportados si se cruzan con un policía.
"El impacto (de la ley) sobre los niños inmigrantes y sus familias ha sido poco menos que aterrador. Se está desarrollando una crisis en Alabama y niños de nuestro país se encuentran atrapados en fuego cruzado", indicó Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración.
"Sabemos que hay unos 2.000 niños que se han quedado en casa para no ir a la escuela", señaló por su parte Mary Bauer, directora legal del Centro Southern Poverty Law, en una conferencia donde varios activistas narraron la situación de distintas escuelas públicas en este estado del sureste.
La denuncia de los líderes civiles sobre lo que denominan una "crisis" en Alabama, tras la puesta en marcha de la ley, que se produjo horas antes de que el Gobierno de Estados Unidos demandara este viernes, ante una corte de apelaciones, bloquear la legislación más draconiana contra los indocumentados en el país.
El Departamento de Justicia presentó este pedido que también señala que la ley no haría más que desplazar a los inmigrantes sin papeles a estados vecinos.
Líderes civiles y de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes denunciaron que a menos de una semana de la entrada en vigencia de la ley HB 56, "la crisis que enfrentan los inmigrantes y niños latinos ha alcanzado proporciones alarmantes".
La ley vigente desde el 29 de septiembre fue reforzada el miércoles cuando la jueza Sharon Blackburn, de la corte de distrito de Alabama, se negó a bloquear algunas de las disposiciones que estaban pendientes de revisión, que la hacen más dura aún.
"Como resultado (de este último fallo), siguen adelante los planes para implementar las disposiciones que permiten a la policía pedir documentos de inmigración durante paradas de tráfico de rutina y que deja que las escuelas consulten la situación migratoria de los estudiantes al momento de matriculase, así como imposibilitar la mayoría de los contratos con los inmigrantes irregulares", explicó Noorani.
Mary Bauer, del Centro Southern Poverty Law, dijo que la organizaciones de ayuda al inmigrante en Alabama están "recibiendo llamadas de padres que están buscando hacer planes de emergencia sobre la tutela de sus hijos en caso de ser arrestado, o en caso de que sean separados de sus hijos menores de edad".
"Los padres tienen demasiado miedo como para llevar a sus hijos a la escuela. Los padres temen manejar. Los padres temen llevar a sus hijos para cualquier tipo de actividades. La vida como la conocemos, ha terminado para las familias en Alabama, y que incluye a los padres indocumentados, pero incluye montones y montones de miembros de la familia que son ciudadanos estadounidenses", recalcó Bauer sobre los niños nacidos en el país.
Jack Kane, sacerdote de la Iglesia católica St. Mary en Opelika, Alabama, denunció que cuando la ley estaba en discusión en Montgomery, el senado estatal les aseguró que las labores de las iglesias para transportar indocumentados a los hospitales, por ejemplo, quedarían exentas de cumplir la legislación.
"Pero luego lo sacaron cuando llegó a la Cámara de Representantes, ellos sabían lo que estaban haciendo, a pesar de escuchar algunas personas" contra estas medidas, dijo el sacerdote.
La ley es una pésima señal para los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, y en especial para los 130.000 que residen en Alabama, según estimaciones del Centro Tew Hispanic, el principal instituto de estudio de la comunidad hispana en el país.
Aunque Arizona (oeste) propuso en 2010 la primera ley migratoria estatal en el país que criminalizaba a los indocumentados, finalmente los puntos más polémicos, como que la policía consulte el estatuto migratorio, quedaron bloqueados, pero varios estados han querido emularla.
En el sureste de Estados Unidos, tradicionalmente conservador, estas propuestas se impusieron desafiando a Washington, y hoy Georgia y Alabama viven un éxodo de inmigrantes y también escasez de trabajadores en sectores clave como la agricultura.
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