07/10/2011 08:25 Antiguedad: 229 days
“El caso El Universo es un ejemplo de lo que no debe pasar en un estado democrático”, Roberto Pereira
Categoría: Politica, Judicial
Por: Andrea Salazar Mena
El experto señala que los funcionarios públicos deben ser tolerantes con las opiniones que se hacen en su contra y permitir que sea el público el que juzgue al periodista.
El especialista en defensa de la libertad de expresión visitó el país invitado por el Consejo de la Judicatura.
El Consejo de la Judicatura de Transición está organizando el curso “Medios de Comunicación y Función Judicial”, en el que se contó con la participación del peruano Roberto Pereira, que es un docente con una amplia experiencia en temas penales y que ha cumplido altos cargos sobre este tema derechos humanos en su país.
Además, es asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad ((IPYS) y consultor en materia de libertad de expresión, con quien Ciudadanía Informada conversó sobre los sucesos referentes a estos temas que se están desarrollando en Ecuador y acerca de los avances en materia de protección de la libertad de expresión que se han dado en el continente y en el mundo.
¿Qué opina de la eliminación paulatina del desacato (injuria a un funcionario público)?
Es una figura penal que se ha ido eliminando de los ordenamientos penales latinoamericanos, de la mano del acogimiento del artículo 13 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH).
Internacionalmente existe un consolidado criterio sobre la eliminación del delito de desacato, por ser incompatible con la libertad de expresión y el principio de igualdad. En Perú ya se derogó en el 2004, es un proceso bastante avanzado en Latinoamérica y hoy son muy pocos los países que todavía mantienen esa figura.
Uno de los pocos países que lo mantienen es Ecuador, ¿cree que también debería ser derogada?
Precisamente, uno de los que lo mantienen es Ecuador, que desde mi punto de vista debería ser derogado o ser inaplicado por los jueces penales, invocando al artículo constitucional que reconoce la libertad de expresión, así como el artículo 13 de la CIDH. Mientras no se derogue este artículo, los jueces deberían de abstenerse de juzgar a las personas por esto.
¿Al momento de juzgar, los jueces deben hacer que primen las leyes internas o lo que disponen los tratados internacionales?
En esto por supuesto que priman lo que dice el derecho internacional, prima sobre el derecho interno, es incorrecto considerar al derecho internacional como un derecho extranjero foráneo, pues forma parte de todos los ordenamientos jurídicos de nuestros países, no es un derecho ajeno, porque ha sido producido por los acuerdos que nuestros estados han aceptado.
El Estado ecuatoriano, siendo signatario de la CIDH, ha mostrado su acuerdo a lo establecido ahí, por lo tanto no puede invocar el derecho interno para desconocer las obligaciones internacionales, porque se comprometió a cumplirlas.
El caso específico del Universo, ¿qué opinión le merece?
Me parece que es un caso especial, paradigmático de lo que no debe pasar con la libertad de expresión, en un estado democrático.
En primer lugar porque se está sancionando por una infracción legal que es incompatible con la CIDH, porque es un principio que vulnera el principio de igualdad, otorgando una protección reforzada y privilegiada a los funcionarios públicos, en segundo lugar no queda claro lo que protege el delito de desacato, protege el honor de la persona o el prestigio del cargo, si protege lo segundo, este no es un derecho jurídico que merezca una tutela penal. Si lo que vulnera es el honor de la persona, pues ahí está la regla general, que se aplica todas las personas.
¿Es legal que no solo se haya sancionado a Emilio Palacio, sino a los dueños del medio?
Ese es un error, existe una regla establecida que dice que la responsabilidad penal no puede ser compartida, es individual, responde quien actúa o quien deja de hacerlo, teniendo la obligación de hacerlo. Aquí está claro que quien escribió ese artículo es una persona concreta y determinada. Por ende no tiene ningún asidero jurídico imputar ninguna responsabilidad penal al director o a los propietarios.
Durante su exposición usted hablaba de que las reparaciones económicas en estos casos no pueden ser desproporcionadas y que uno de los parámetros que se pueden seguir para establecerlas son las sanciones por violaciones de derechos humanos, ¿le parece desproporcionado que en Ecuador lo máximo que se ha pagado por una desaparición forzada son dos millones de dólares y que al presidente Rafael Correa le otorguen 40 millones por su honor?
Me parece desproporcionado que se den 40 millones de dólares por un caso como este, pues eso va a significar desaparecer el medio de comunicación, ese es un daño punitivo (que daña) y no resarcitorio (que repara). Yo siempre comento un caso en Perú, donde un juez impuso a un periodista 100.000 dólares, cuando en el país una víctima de violaciones de derechos humanos no ha recibido una suma similar, lo mismo ha pasado en Argentina, con el caso Montevequia, que el juez impuso tres veces más de lo que se ha pagado por este daño mayor, sobre este cado está por resolver la Corte Interamericana y todos los países que son adheridos a este tratado se deberán acoger.
También se incumple algo que es fundamental para todos los jueces, que es la motivación y por lo general estas sanciones no se motivan, se hace referencia a meros estados de ánimos de la víctima como consecuencia de una publicación y en función de eso se hace una estimación que solo está en la mente de los jueces, pues nunca la explican y se imponen sanciones civiles millonarias, que terminan siendo peores que una sanción penal.
¿Qué pasa cuando se violan el derecho a la honra de las personas y el de la libertad de expresión, cuál debe primar?
Aquí hay que establecer dos parámetros, si lo que se escribió una opinión o si fue una noticia. Si lo que emito es una opinión, el único parámetro que se me exige es ser proporcionado con mis opiniones. Hay un amplio margen para opinar y no pueden existir restricciones exageradas en lo que se refiere a funcionarios públicos, porque ellos tienen la obligación de soportar mayores niveles de injerencia en sus derechos fundamentales, en su honor. Por una simple razón, porque han asumido voluntariamente la gestión de los asuntos públicos, que es una materia controvertida, sujeta a fiscalización y control, por eso no pueden pretender que su honor sea respetado igual que el de un señor que tiene una bodega o una panadería.
En cuanto a las informaciones, ahí si hay una mayor exigencia de veracidad, pero no se refiere a la absoluta concordancia con la realidad, porque en todos los ámbitos de la vida existe un margen de error. Pero hay que valorar si el periodista contrastó sus fuentes, si estas son fiables, si presentó documentación y buscó la opinión de los involucrados, si a pesar de eso se equivocó, en ninguna parte del mundo tiene responsabilidad penal.
Lo que emitió Emilio Palacio fue una opinión, ¿usted cree que fue desproporcionada?
A mi parece que es exagerada, excesivamente crítica, muy corrosiva, pero que no llega a los niveles como para calificarla con un acto delictivo. El ser un periodista controvertido, no es lo mismo que ser un delincuente, hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Uno puede discrepar con el estilo de Palacio, pero a mi criterio lo que dijo no alcanza los niveles para ser calificada como delictiva, porque a pesar de referirse a hechos, sigue siendo una opinión, porque es una interpretación de hechos.
Quiere decir que el Presidente no debió iniciar este proceso en contra de Palacio y El Universo, ¿cómo entonces pedía que se repare su honor?
Podía solicitar una aclaración, plantear una denuncia ante un tribunal de ética, ante el colegio de periodistas, ante el medio de comunicación, hay una serie de mecanismos que los funcionarios públicos disponen para poder quejarse. Lo que es desproporcionado es que se recurra a los tribunales cada vez que uno discrepa con una opinión, por más hiriente que esta sea.
Los funcionarios públicos tienen la obligación de mantener mayores niveles de tolerancia, respecto a sus derechos, respecto al honor, lo que no quiere decir que no tengan honor, sino que deben ser más tolerantes.
Esto ya ha sido establecido por la Corte Europea de Derechos Humanos y ha sido incorporado en la jurisprudencia de la CIDH, donde se establece que el honor de los funcionarios públicos tiene menores niveles de protección.
Hay que tener cuidado al aplicar estas normas que sancionan los excesos en libertad de expresión hacia funcionarios públicos, que deben ser más tolerantes y pensar que finalmente los que sancionan este tipo de cosas es la población, si un periodista se excede en su opinión, la opinión pública lo va castigar con una falta de credibilidad, que es lo más preciado para un periodista, el día que la pierde, nunca más la recupera.
Entonces creo que hay una serie de mecanismos, propios de la democracia, con los que se puede responder a estos excesos y no necesariamente con la cárcel, que ya se ven los problemas que genera.
¿Parece que ser funcionario público es desventajoso en esta área?
No, porque en cambio ellos tienen otras ventajas, sobre todo los de mayor rango, que tienen a su alcance una serie de medios para contestar este tipo de expresiones, pueden llamar a una conferencia de prensa, tienen medios oficiales, pueden ejercer al derecho a la réplica, que son medios menos lesivos para pedir su reparación.
Durante su enlace sabatino, el presidente Correa dice muchas ofensas, incluso peores que la que Palacio emitió y muchas de estas son en contra de la prensa, ¿cree que los periodista podrían iniciar un juicio en contra del Primer Mandatario?
Si se aplicara el estándar plasmado en la sentencia en contra del Universo a muchas de las afirmaciones realizadas por el presidente Correa, sin duda él también tendría que ser condenado, porque lanza opiniones y críticas a los medios, los califica, los desvaloriza, asociándolos con actividades ilícitas. Pero yo no creo que deba ser sancionado por esas opiniones, creo que es parte del debate político, en el que no se emplean expresiones de un confesionario, que es naturalmente confrontativo.
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