10/10/2011 13:52 Antiguedad: 226 days
Judicatura inicia evaluación disciplinaria y de capacidades a jueces y abogados
Categoría: Politica, Judicial
Por: Andrea Salazar Mena
Las federaciones de abogados en libre ejercicio del país se niegan a ser examinados, aseveran que no son empleados judiciales.
Abogados, jueces y empleados serán sometidos a las pruebas que se aplican a los nuevos funcionarios.
Tania Arias, miembro del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), anunció que durante esta semana se terminarán los Reglamentos de Instructivos para la Evaluación de los Servidores de la Función Judicial y el Reglamento Disciplinario, documentos que serán la base para proceder a la valorización de los empleados judiciales y de los abogados en libre ejercicio.
Arias explicó que en los próximos cuatro meses se cumplirá con la evaluación y que ésta pretende dar como resultado el respeto a la carrera judicial de aquellas personas que pasen positivamente esta etapa, pero también la salida de quienes reprueben.
A los funcionarios, según Arias, se les evaluará la productividad, capacitación y formación. En total serán examinados más de 5.000 funcionarios, que son parte de todos los estamentos judiciales.
Con el primer punto no está de acuerdo Leonor Jiménez, presidenta de la Corte de Guayaquil, pues aseguró que el propio CJT ha aceptado que la cantidad de jueces actuales es insuficiente para satisfacer la demanda de causas.
“Sería una contradicción sacar a los jueces por una demora en el despacho o por la caducidades, cuando ellos están reconociendo que los que habían eran insuficientes. Nosotros tenemos un promedio de despacho de 1.286 causas por sala, anual. Para nadie es desconocido que en Guayaquil existe un sobrepoblación de causas”, dijo Jiménez.
Sin embargo, la magistrada señaló que los empleados judiciales no se van a oponer a la evaluación, pero pide que se les informe con anticipación los parámetros que se les va a aplicar.
Además, espera que la “tarea de limpieza” de la Judicatura sea para sacar de la Función Judicial a los menos aptos. “Pero hasta el momento hemos visto casos dolorosos como el caso de Yolanda Sánchez, que es un ejemplo de justicia y ha sido separada por una supuesta caducidad del año 2005”, señaló.
Por su parte, Rómulo Espinosa, juez de Los Ríos, está de acuerdo con la examinación, pues considera que los funcionarios que han actuado “dentro de los márgenes del derecho y de la justicia, no tienen ningún problema con este proceso”.
Revisión de la disciplina
Además, el CJT trabaja en un Reglamento Disciplinario, que se aplicará a todos los funcionarios judiciales y que será un requisito para poder continuar en la carrera judicial.
“Ustedes saben que la Función Judicial ha vivido problemas relacionados con la impunidad, corrupción e ineficiencia. La evaluación nos servirá para tener los mejores servidores y servidoras” aseguró Tania Arias.
Incluye a abogados
Arias informó que los abogados en libre ejercicio también serán examinados, sobre todo las quejas que existen sobre ellos. Además se incluirá a los miembros de la Fiscalía, Defensoría Pública y notarías.
La integrante del CJT aseguró que para analizar a los abogados independientes se basarán en el Código Orgánico de la Función Judicial, que les permite realizar esta actividad.
Sin embargo, Pedro Granja, secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, afirmó que hace dos años presentaron una demanda de inconstitucionalidad al Título VII del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece una sanción de seis meses de prohibición de ejercicio profesional a los abogados que cometan faltas disciplinarias.
“Lejos de proponerse un control social, al que nadie se opone, lo que se plantea es una conculcación de derechos fundamentales de un considerable número de ciudadanos, a quienes se les pretende mermar su libertad de trabajo, su igualdad ante la ley, su derecho constitucional a la seguridad jurídica, entre otros “, dice en la demanda.
Además, Granja señaló que para disciplinarlos ellos poseen los colegios de abogados y que el CJT no tiene potestad para hacerlo, pues no son empleados judiciales.
“Lo que quieren es acabar con los gremios de profesionales, primero acabó con los profesores, luego siguió con los estudiantes, con los chóferes, ahora se quiere meter con nosotros, la diferencia es que nosotros nos vamos a vender por una llanta o por un cupo”, aseveró Granja, quien también anunció que las federaciones de todo el país continuarán iniciando acciones legales para oponerse a esta medida y que luego irán a las cortes internacionales.
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