14/12/2011 19:10 Antiguedad: 161 days
Gobierno defiende derecho a despedir a trabajadores públicos, como se lo hace en el sector privado
Categoría: Politica, Judicial
Por: Andrea Salazar Mena
Los empleados afirman que la figura legal con la que se les está despidiendo no existe y que se está cometiendo una inconstitucionalidad en contra de ellos.
Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República, defendió el derecho del Gobierno de despedir a los empleados públicos.
El Gobierno, representado por el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera; el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza; y, el integrante de la Procuraduría, David Carrasco, defendió ante la Corte Constitucional (CC), la decisión gubernamental de despedir a los funcionarios públicos a través de la figura de compra de renuncia obligatoria, pues dice que este es un proceso que se hace libremente en el sector privado, a través del despido intempestivo.
Alexis Mera señaló que los tratados internacionales sobre protección de los trabajadores no hacen diferencia entre la estabilidad de los empleados públicos y la de los privados, por lo que en Ecuador también deben existir normar iguales para que los patronos de los dos sectores puedan prescindir de sus empleados pagándoles una indemnización.
El Secretario Jurídico de la Presidencia afirmó que la medida adoptada por el Gobierno está basada en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que establece la posibilidad de que un empleado del sector público sea cesado.
Sin embargo, Miguel García, representante de los trabajadores que demandaron la inconstitucionalidad de la medida, señaló que la figura legal para despedirles no existe y la inclusión de de la medida en la Losep fue negada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre del 2011, por lo que no podía ser incluida en el Decreto 813, expedido por el presidente Rafael Correa el pasado 9 de julio.
Además, Ramiro García, abogado de los funcionarios públicos, aseguró que una renuncia solo puede ser presentada libremente y que para este caso, si se comprueba que los empleados son ineptos, como ha manifestado el presidente Correa, se les debería aplicar el despido intempestivo.
“Si el Gobierno dice que los saca por corruptos, por ineptos, porqué no les abre un sumario administrativo y los saca, sin pagarles nada, por qué tiene que indemnizar a un mal trabajador. Lo que pasa es que se los está acusando sin pruebas”, dijo García.
Mientras la audiencia se desarrollaba en el cuarto piso de la CC, partidarios del Gobierno y del Movimiento Popular Democrático (MPD) se enfrentaron verbal e incluso físicamente en los exteriores del edificio, los primeros defendía las salida de los malos funcionarios, mientras que los segundos pedían que se respete el derecho a la estabilidad laboral.
“Ellos nos han hecho quedar mal, todo el mundo es testigo de que dan un mal servicio, son ineptos, vagos. Es hora de que den paso a que se contrate a personas que realmente quieren trabajar y servir al país”, dijo Luis Medina (nombre el mismo dio ficticiamente, pues no quiso identificarse, aunque vestía los colores del partido del Gobierno).
“Estamos en contra de que se aplique este decreto con el que se está dejando en la desocupación a miles de ecuatorianos, por lo que exigimos que la Corte Constitucional se pronuncie en contra del Decreto 813”, gritaba por un altavoz Luis Valarezo, presidente de la Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales de Pichincha.
El presidente de la CC, Patricio Pazmiño, informó que en 72 horas el pleno del organismo legitimará las intervenciones de las dos partes que participaron en la audiencia y emitirá un pronunciamiento sobre el tema, aunque en la anterior sesión, efectuada hace una semana, se inclinó a favor de no emitir pronunciamiento sobre la causa.
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