31/01/2012 16:41 Antiguedad: 114 days
Fiscalía acusa a 8 personas de 'llevarse' USD 3.4 millones del Estado
Categoría: Politica, Judicial
Por: Andrea Salazar Mena
La Policía Antisecuestro desmintió la versión del principal implicado, que aseguró que retiro el dinero porque era extorsionado.
El Fiscal General acudió personalmente a la audiencia para acusar a quien sustrajo el dinero del Estado. Foto: Fiscalía.
Hoy (31.01.2012) por la mañana se realizó la audiencia de preparación de juicio en contra de Rommel Herrera, ex contador del Ministerio de Salud Pública (MSP), quien supuestamente sustrajo del Tesoro Nacional tres millones 400 mil dólares y lo depositó en las cuentas bancarias de sus familiares, en un lapso de tres años.
El fiscal general, Galo Chiriboga, asistió a la audiencia, en donde la Fiscalía acusó a ocho personas como cómplices y encubridores del supuesto peculado (robo de fondos públicos).
De acuerdo a las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía, Rommel Herrera habría depositado el dinero en las cuentas bancarias de su conviviente, cuñado, madre e hijastros.
En sus primeras declaraciones, el acusado alegó que era chantajeado por delincuentes, que le amenazaban con hacerle daño a su familia si no les entregaba grandes sumas de dinero, pero de acuerdo a las investigaciones hechas por la Policía Antisecuestro, no existen indicios de que Herrera haya sido extorsionado.
De los 11 implicados en un primer momento, se acusó como autores a Rommel Herrera y a su conviviente, Teresa Guanaquisa. Como cómplices serán juzgados: la funcionaria pública Natasha Ordoñez, por autorizar el retiro de los fondos; y, Juan Guanoquisa, cuñado del principal acusado, quien habría gastado el dinero del depositó en vehículos y equipos camineros, aún cuando el conviviente de su hermana ya estaba preso.
Por encubrir el delito fueron acusadas Bacilisa Tello y Eugenia Cruz (por no denunciar un caso similar en el que Herrera ya estuvo implicado en el 2004 y por entregarle claves de acceso a los fondos). Bajo esta misma figura fueron implicados Diego Vinueza y Steven Salas, funcionarios de la Mutualista Pichincha, institución que recibió el dinero y no lo denunció ante la Superintendencia de Bancos.
Según Galo Chiriboga, las instituciones bancarias tienen la obligación de reportar el depósito de cantidades altas de dinero, pero en este caso no se lo habría hecho, por lo que manifestó que toda la entidad será investigada.
Sin embargo, la Fiscalía se abstuvo de acusar a Jenny Márquez, madre del principal implicado; así como a sus hijastros, Patricia y Eduardo Hernández, que devolvieron los depósitos que les hizo su padrastro. Pero sí pidió que se le embargue la casa a Márquez, pues supuestamente fue construida con el dinero que su hijo sustrajo del Estado.
El juez que lleva el caso, Freddy Sanmartín, informó que tendrá 72 horas para definir a quien llama a juicio en este proceso.
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