Ejecutivo derogó decretos 16 y 739 y establece seis causales de disolución de ONG

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Ejecutivo derogó decretos 16 y 739 y establece seis causales de disolución de ONG Foto: Twitter Lenín Moreno

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En la cuenta de Twitter, el presidente Moreno publicó que los Decretos 16 y 739 se derogaron “gracias al diálogo nacional” y luego de analizar los pedidos de las organizaciones.

El presidente de la República, Lenín Moreno, derogó este lunes (23/10/2017) los Decretos 16 y 739, expedidos durante el gobierno de Rafael Correa, que solicitaban a las organizaciones sociales el cumplimiento de varios requisitos para establecerse como tales.

Los dos fueron sustituidos por el Decreto 193, que “otorga personería jurídica a organizaciones sociales y civiles”.

Con el nuevo Decreto las clases de organizaciones reconocidas por el Estado serán 3: corporaciones, fundaciones y otras formas de organización nacionales o extranjeras.

6 causales de disolución

De acuerdo con el artículo 19 del Decreto 193, se puede disolver a las organizaciones por estas causales

1) Desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida;

2) Disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido en este reglamento;

3) Finalización del plazo establecido en el estatuto:

4) Dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral;

5) Incurrir en actividades ilícitas o incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este reglamento;

6) Las demás causales establecidas en los estatutos.

3 obligaciones

De acuerdo al artículo 6 del decreto, tienen tres obligaciones:1) Cumplir con la Constitución, la Ley, sus estatutos y más disposiciones vigentes.

2)Entregar a la entidad competente del Estado, cuando el caso lo requiera, la documentación e información establecida en este Reglamento, incluyendo la que se generare en el futuro como consecuencia de la operatividad de la organización social.

3) Rendir cuentas a sus miembros a través de sus directivos o a la persona responsable para el efecto, al menos una vez por año, o por petición formal de una tercera parte o más de ellos. La obligación de los directivos de rendir cuentas se cumplirá respecto del periodo de sus funciones aun cuando estas hubieren finalizado.

El documento también indica que “las fundaciones o corporaciones que operen ilegalmente en el país están sujetas a los controles de funcionamiento, de utilización de los recursos públicos, de orden tributario, aduaneros”, entre otros determinados en el decreto.

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