Asamblea otorgó alrededor de 120 amnistías

Los habitantes de la provincia Bolívar fueron acusados por defender la territorialidad, derechos colectivos y de los pueblos.

Con el voto favorable de 85 asambleístas cerca de 120 personas del Cantón Bolívar involucradas en los hechos ocurridos en el cantón Chillanes, Provincia de Bolívar, en el paro nacional minero y casos de criminalización por defender la territorialidad, obtuvieron la amnistía por parte de la Asamblea Constituyente.



Marisol Peñafiel de la Mesa 10 de Legislación y Fiscalización mencionó casos similares, “en la provincia de Imbabura se criminalizó una lucha popular que reclamaban por el principio de una vivienda justa y que fueron acusados de invasores”.



Sin embargo, Peñafiel aclara que, “la amnistía solo extingue la acción penal pero no resuelve los problema de fondo, solo es una reparación”.



El 14 de marzo del 2008, la Asamblea Nacional Constituyente resolvió otorgar una amnistía general a líderes sociales criminalizados por defender sus territorios y los derechos de las comunidades, basados en ello la amnistía a estas personas del cantón Bolívar.






Por defender la territorialidad, derechos colectivos y de los pueblos




Caso 1.- Comunidad “El barrio o La Toglla”/intereses particulares: Comuneros de este barrio, parroquia Guangopolo, cantón Quito-Pichincha, afectados por intereses particulares.


Caso 2.- Comunidades de Saraguro/Comandancia de Policía: Dirigentes de las comunidades Kichwa de Gunudel y de San Pablo de Tenta, cantón Saraguro, provincia de Loja, afectados de la Comandancia provincial de Policía.


Caso 3.- Pobladores de Taracoa/Fiscalía de Orellana: Pobladores de esta comunidad, cantón Francisco de Orellana, afectados por la Fiscalía.


Caso 4.- Cooperativa Vitalma Dávila: Integrantes de esta cooperativa, cantón Otavalo provincia de Imbabura, afectados por el IESS regional norte de Ibarra.







Por defender bosques, manglares y posesiones campesinas





Caso 1.- Predio Pambilar/ENDESA-BOTROSA: Pobladores del predio Pambilar, parroquia Malimpia, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, afectados por las empresas madereras ENDESA-BOTROSA.


Caso 2.- Pescadores artesanales/Camaronera PUROCONGO: Pescadores artesanales de la Comunidad de Olmedo, parroquia La Tola, cantón Eloy Alfaro, Esmeralda, afectados por la empresa Acuacultura Puropongo S.A.





Por intervención minera




Caso 1.- Comunidades del Sur del país/Estado y proyectos mineros a gran escala:

Comunidades del Sur del país: Azuay, Cañar, Zamora Chinchípe y Morona Santiago, afectadas por proyectos mineros a gran escala, realizados el 26, 27 y 28 de junio del 2007 y 2 de abril del 2008 por el paro minero.






Por explotación petrolera




Caso 1.- Pueblo Kichwa de Pastaza/Empresa AGIP: Comunidades Kichwa Ilipe, Witawaya, de la parroquia de El Triungo, Pastaza, afectadas por la empresa AGIP.


Caso 2.- Cristalino/PETROBELL: Comunidades de Tiwino, Loma del Tigre, Coca provincia de Orellana, afectadas por la compañía Petrobell-Pacificpetrol.


Caso 3.- Comunidad La Victoria/PETROPRODUCCION: Pobladores de La Victoria, cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, afectada por PETROPRODUCCION.


Caso 4.- Comunidades de Sucumbíos/PETROPRODUCCION y Fiscalía de Asuntos Petroleros.
Caso 5.- Comunidad “7 de julio”/PETROPRODUCCION: Comunidad “7 de julio”, cantón Shushufindi, provinca de Sucumbíos, afectadas por PETROPRODUCCION .


Caso 6.- Campesino de Tiwino/Petrolera PETROBELL: Campesino de Tiwino-Francisco de Orellana, afectado por la empresa petrolera PETROBELL.







Por defender el agua





Caso 1 .- Comunidad Yuyauti Bajo/ Alcaldía de Alausí: Pobladores de la Comunidad de Yuyauti Bajo, parroquia Tixán, cantón Alausí. Chimborazo, afectados por el alcalde de Alausí.



Caso 2.- San Pablo de Amalí/Hidrotambo: Comunidad de San Pablo de Amalí- Cantón Chillanes-Bolívar, afectada por el proyecto Hidrotambo y por el Municipio de Chillanes.




En el caso de los habitantes del Cantón la Naves provincia de Bolívar también se les dio la amnistía a quienes tenían indagaciones previas y procesos penales iniciados por el ex alcalde de este cantón Froilán Aldaz Núñez.



En este informe el pedido de amnistía es “para quienes participaron en la comisión de delitos, por motivación política, producidos en este cantón desde el 3 de junio de 2007, que originó el allanamiento de las instalaciones y dependencias municipales y que los procesos judiciales sean archivados”.

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