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16/04/2008 18:10 Antiguedad: 113 days
“El 80% de las concesiones serán suspendidas”, sostuvo la asambleísta azuaya, Beatriz Tola
Categoría: Azuay, País
Por: Juan Pablo Campoverde
La comisión encargada de tratar el tema minero anuncia la elaboración de un mandato que regulará las concesiones mineras. Se ratifican movilizaciones para el 21 de abril.
 Beatriz Tola expuso los alcances del mandato minero y explicó que alrededor de unas 3.100 concesiones mineras serán suspendidas.  El dirigente y ex diputado Salvador Quishpe ratificó la medida de hecho para el 21 de abril tras sostener que el mandato minero es una “tomadura de pelo”, (foto de www.llacta.com).  Acciones como esta se repetirán el próximo 21 de abril, toda vez que los organismos anti explotación minera radicalizaron su decisión.
En una reunión sostenida entre los representantes de Acuerdo PAIS se elaboró un documento con los principales objetivos del denominado mandato minero y se lo extendió a otras tiendas políticas como Pachacutik y Movimiento Popular Democrático (MPD) para que puedan aportar y analizar este borrador.
A decir de Beatriz Tola, asambleísta de PAIS, el documento elaborado para tratar el tema de la minería tiene objetivos centrales. “El primero es establecer a través de cinco artículos, las razones por las cuales se establece la caducidad de las concesiones mineras”. Dijo que estos cinco artículos tienen un alcance para unas 3.000 concesiones mineras de las 5.100 existentes en la actualidad.
Añadió que esas razones se fundamentarán en base a los siguientes apartados: si las transnacionales no invirtieron hasta el 31 de diciembre del 2007; si una concesionaria tiene deudas en materia de patentes, regalías o tributos; si las concesiones mineras están en áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento y aquellas que afecten los nacimientos de las fuentes de agua.
Otra razón para declarar la caducidad es para aquellas empresas que en un número mayor de tres sean entregadas a una persona natural, parientes inmediatos o una sola persona jurídica y/o empresas vinculadas. También existirá la caducidad para aquellas concesiones mineras que sean otorgadas para funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Minas y Petróleos, “porque utilizarían información privilegiada”, sostuvo Tola.
El segundo objetivo de este mandato es el de establecer la moratoria para el otorgamiento de nuevas concesiones y derechos mineros. “En este momento existen en el ministerio de Minas y Petróleos, 1.500 solicitudes de concesiones en trámite”. Estos permisos serán suspendidos y las tasas que han sido canceladas para este tipo de trámites serán devueltas.
Este nuevo mandato será aplicado al 80 por ciento de la totalidad de las concesiones, incluidas las que están en proceso de tramitación. De la misma manera se establecieron diferencias entre las empresas que realizan explotación minera no metálica y la que corresponde a materiales de construcción. En este caso continuarán con sus actividades y se renegociará una vez que se apruebe el nuevo marco jurídico, que regularice este tipo de actividades.
“En lo concerniente a las concesiones mineras metálicas de mediana y larga escala, el mandato establece que quedan suspendidas hasta que se establezca el nuevo marco jurídico, es decir que toda actividad minera de mediana y gran escala queda suspendida a partir del momento en que se apruebe el nuevo mandato”, sostuvo Tola.
De esta manera, según la asambleísta azuaya, las actividades de explotación minera en la localidad austral de Quimsacocha, cordillera del Cóndor, Molleturo y otras, serán suspendidas por ser consideradas de mediana y gran escala.
“En el caso de la empresa Aurelian tiene un total de 92.000 hectáreas concesionadas, no directamente como empresa sino a través de sus compañías asociadas, por lo que estarían dentro del artículo 5 del mandato y por lo tanto varias de sus posesiones serían caducadas” Del mismo modo en el tema de la explotación mediana y a gran escala, sus actividades serán suspendidas hasta que se apruebe el nuevo marco legal.
Adicionalmente este proyecto propone la creación de la empresa nacional minera, que será la responsable de todas las fases de esta actividad y será regida por el marco que regule las acciones de las instituciones públicas.
Además, Tola dio a conocer que estas exentas de acatar las disposiciones de esta ley, las empresas que efectúen explotación a pequeña escala, la minería artesanal y las de subsistencia, salvo las que estén ubicadas en los sectores de protección natural.
Beatriz Tola aspira que esta nueva ley minera entre en vigencia después de 120 días de aprobada la Constitución. Así mismo se aspira que en este jueves o viernes se apruebe definitivamente este mandato minero.
Ex diputado Quishpe manifiesta que mandato minero es una tomadura de pelo
Por su parte el ex diputado Salvador Quishpe, actual representante de la coordinadora de Defensa de la Vida y Soberanía, señaló que si bien es cierto en un momento estuvieron halagados con los primeros pronunciamientos en torno al mandato minero, posteriormente se sintieron defraudados tras analizar a profundidad el documento.
“La Asamblea Constituyente no está cumpliendo con su deber de declarar la caducidad de las concesiones mineras, sino que se está trasladando al Ministerio de Minas y Petróleos, que han favorecido a las mineras extranjeras. Por lo tanto este mandato no será cumplido por este ministerio”, sostuvo Quishpe.
Este dirigente considera que este mandato trata de frenar las acciones del 21 de abril, fecha en la que se realizarán movilizaciones con el consiguiente cierre de las vías de acceso a las principales ciudades del Ecuador. “La Asamblea nos trata de tomar el pelo”.
Por lo tanto, ratificó que se efectuará la movilización prevista para el 21 de abril próximo y convocó a todas las organizaciones de defensa por la vida a mantenerse vigilantes y a rechazar “estas formas de mentir al pueblo ecuatoriano”.
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