13/05/2008 13:17 Antiguedad: 86 days
El Mandato Minero sigue generando polémica entre distintos actores
Categoría: País, Ciudadania
Por: Pablo Villacís
Ciudadanía Informada consultó a dos representantes de sectores que tienen puntos diferentes: Patricio Hernández, organizaciones que apoyan el Mandato y Javier Cruz, empresarios que lo cuestionan.
Los indígenas, campesinos, mineros, Gobierno y distintas organizaciones que luchan por la preservación de los recursos naturales no logran un acuerdo en torno al futuro de la explotación minera en el país. De hecho amenazan con continuar las manifestaciones de protesta.
En ese marco, el polémico Mandato Minero (Número 5) fue aprobado por la Asamblea Constituyente con el objetivo de recuperar la soberanía del estado sobre sus recursos naturales, el pasado 18 de abril con el voto de 95 asambleístas, 25 abstenciones y uno en contra.
El documento dejó sin efecto más de 3.298 concesiones mineras, sobre todo las que no hayan realizado inversiones, en fase de exploración, hasta el 31 de diciembre del año 2007; que tengan obligaciones pendientes con el Estado; que se encuentren en áreas protegidas; que no hayan presentado estudios de impacto ambiental; y cuyos contratos estén pendientes de resolución administrativa.
El mandato, que tiene 12 artículos y cuatro disposiciones finales, fijó un plazo de 180 días para la elaboración de una nueva Ley Minera.
El tema minero en el país no es fácil, a fin de aportar con este complejo debate www.ciudadaniainformada.com consultó a dos expertos que tienen criterios distintos, aquí sus puntos de vista:
“El Mandato quiere precautelar los recursos del subsuelo racionalizando las concesiones”
Patricio Hernández,
Asesor de Políticas y Licitación Ambiental de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental.
El Mandato Minero busca dar una respuesta a una demanda ciudadana que estaba pendiente por parte de la Asamblea, según los acuerdos alcanzados en la mesa itinerante de Loja, a inicios de este año. El Mandato tiene la intención de precautelar con visión de interés público en general los recursos del subsuelo que no son exclusividad del interés privado; y preservar el interés nacional con los derechos humanos y colectivos del medio ambiente.
El Mandato plantea entrar en un proceso de racionalización que permita que aquellas concesiones que han sido otorgadas por las autoridades de turno, sin apegarse a los procedimientos que la ley o que no se hayan podido implementar, sean suspendidas hasta realizar un proceso de revisión y evaluación, ver en qué casos es procedente continuar con las concesiones y en otros casos definitivamente plantear un nuevo esquema, que tal vez estaría dado por la nueva Ley de Minería en la que esta trabajando el actual Gobierno.
Los pocos artículos que tiene apuntan en este mismo sentido: racionalizar las concesiones, pero también son importantes las disposiciones que dejan sin efecto algunas concesiones mineras. Hay que rescatar que se establecen seis meses (180 días) para revisar el marco legal y para volver a reabrir la actividad con un sustento jurídico y político más claro justo y equitativo.
El reto para el Ministerio de Minas y Petróleos, los actores del sector minero y actores sociales es poder participar en un proceso de diálogo serio y de altura. Hay que actuar con desinterés por que es un tema sumamente delicado por el impacto socio ambiental y desde luego, por los riesgos que existen sobre las familias que estarían perjudicadas por un eventual desempleo. Sin embargo, este tema no puede resolverse con posiciones radicales.
El Mandato está privilegiando los derechos fundamentales de las poblaciones locales y en general de todos los habitantes, cuando se habla de afectaciones en el ambiente. Sobre esa base tampoco se está desconociendo la posibilidad de desarrollo de la minería como una actividad económica, lo que se está diciendo es que se debe volver a redefinir los procesos. La pequeña minería no esta necesariamente en tela de juicio, sino la minería a gran escala y la metálica.
“El Mandato fue aprobado sin consultar a todos los actores”
Javier Cruz
Director Ejecutivo de la Cámara de Minería de Ecuador
El Mandato Minero tiene un carácter confiscatorio, revoca derechos antes concedidos sobre los que se realizaron inversiones importantes. Estamos cien por ciento seguros que fue elaborado en forma unilateral sin recibir información técnica ni veraz por parte del sector minero, por lo que carece de sustento técnico y legal; una infinidad de veces buscamos reunirnos con los señores asambleístas, lastimosamente nunca tuvimos la apertura.
Como consecuencias del Mandato actualmente 1.100 trabajadores de distintas empresas han perdido su trabajo; la des inversión en el país sería de 2.100 millones de dólares. Pero principalmente el mandato irradia una mala imagen internacional del Ecuador por la falta de seguridad jurídica, por la falta de respeto a los acuerdos existentes, por ejemplo, al acuerdo de garantía e inversión que existe entre Canadá y Ecuador.
Ningún artículo es beneficioso para el sector minero, todos carecen de este sustento legal, del sustento técnico que es en su conjunto lo que hace daño, entonces es un Mandato que fue hecho con la única clara intención de parar el desarrollo de la industria minera en el país; de hecho el numero ocho que es uno de los artículos más duros dice: ”Quedan suspendidas las actividades en todas las concesiones mineras metálicas de mediana y gran escala que no estén incursas en los casos de los artículos 1, 3 , 4 y 5”. Lo que es importante señalar es que estas concesiones fueron otorgadas bajo la Ley de Minería que está vigente.
El Mandato, insisto, fue aprobado sin discusión de parte de los sectores involucrados, con información poco objetiva, por ello el sector minero está profundamente preocupado ante la emisión del mismo porque busca bloquear toda actividad minera de mediana y gran escala sin argumentos técnicos.
Esperamos que el llamado a “El diálogo minero” del Gobierno logre elaborar un nuevo marco jurídico para regular la industria minera. Nosotros vemos con optimismo esa oportunidad y participaremos activamente con los mejores técnicos de las empresas y de la Cámara de Minería en asuntos legales, ambientales, sociales, económicos; para que la nueva Ley sea equitativa y beneficie a los recursos naturales, a las comunidades, al Estado, al gobierno ecuatoriano y las empresas mineras.
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